Un informe anual de carácter global que abarca 140 países con metodologías muy rigurosas sobre los derechos humanos en el mundo fue entregado por Amnistía Internacional. Roberto Morales, presidente del capítulo Chile estuvo conversando con Citoyens 102.5 FM. En el caso de Chile se tocan temáticas como los excesos policiales sobre la ciudadanía, la despenalización del aborto, el trato estatal hacia las minorías sexuales y el pueblo mapuche, y las reformas pendientes del poder judicial hacia quienes, como agentes del Estado, han cometido delitos y que siguen en manos de la justicia militar.

Aunque la reforma a la justicia militar fue parte del programa de la Presidenta Michelle Bachelet, a la fecha no ha sido puesto por el ejecutivo en la agenda legislativa. Un ejemplo de ello resulta ser el caso de un funcionario policial, que en medio de una manifestación da muerte al joven de 16 años, Manuel Gutiérrez Reinoso, y que sigue en manos de la corte marcial, cuando los estándares internacionales señalan que estos últimos procesos sólo tienen jurisprudencia entre los propios uniformados y no contra civiles. Sin embargo, en otra arista judicial del mismo tenor, un carabinero es procesado por tribunales ordinarios por las lesiones graves acometidas contra el manifestante Rodrigo Avilés.

Según informe del presidente de la Corte Suprema, a marzo del presente año, existen 1056 causas pendientes a más de 20 años de haber ocurridas, de las cuales 112 han sido por torturas. A lo anterior, el Programa de Derechos Humanos del Gobierno señala que existen sólo 72 de las 122 causas tienen culpables que cumplen condenas. “Mientras nosotros no logremos solucionar, resolver esos casos, va estar en el inconsciente cotidiano permanentemente y van afectar cualquier cosa que queramos hacer a futuro en el marco de los derechos humanos, porque obviamente si tu quieres avanzar en construir una cultura de derechos humanos no puedes hacerlo con mil casos pendientes de hace 20, 30 o 40 años atrás”, dijo Morales.

Respecto de la no desclasificación de documentos recogidos por declaraciones e investigaciones entregado por las comisiones Valech, sobre torturas y encarcelamiento, inclusive está vetado para los tribunales y familiares de las víctimas por un periodo de 50 años. “Hay que buscar mecanismos donde se respete la confidencialidad, pero que se entregue la información necesaria porque es imposible que nosotros podamos desarrollar estos casos si tenemos información importante clasificada como secreta”, aclaró el representante de Amnistía Internacional, Chile.

A juicio de Roberto Morales, el tema de la despenalización del aborto se ha dilatado, incluso al interior de los integrantes de la coalición gubernamental de la Nueva Mayoría. Dicha reforma legal considera tres causales muy acotadas como en el caso del riesgo vital de la madre, violación o incesto y en el caso de malformación fetal severa. Es decir, “no estamos de acuerdo en legalizar el aborto en general, pero no puede ser penalizado”. Por otra parte, hizo un llamado a los legisladores, señalando que “son políticas públicas para todas las mujeres en este caso, para toda la sociedad, en un Estado que es laico”.

Otros de los elementos de estudio de Amnistía Internacional tiene que ver con la actitud del Estado contra las comunidades indígenas, particularmente, con el pueblo mapuche. Uno de los factores claves tiene que ver con la interpretación de la Ley Antiterrorista, donde según nuestro invitado, los gobiernos chilenos no han entendido la cosmovisión mapuche. En el convenio internacional número 169, sobre la doctrina de los derechos humanos, que dicta el cómo se relacionan los gobiernos con las cuotas parlamentarias, las consultas a las comunidades, la devolución de tierras, y que fue ratificado por el Estado chileno.

La Ley de unión civil es un avance, señala el representante de Amnistía Internacional, pero sobre la diversidad de género está avanzando muy lento y hay que fortalecer y mejorar la Ley Zamudio y la respectiva política pública, donde un joven hace poco tiempo atrás fue asesinado en San Bernardo producto de la intolerancia social.

Vuelve a escuchar la entrevista: viernes 26 de febrero.