Hernán Calderón, Presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios CONADECUS, estuvo nuevamente con Citoyens 102.5 FM, para explicarnos acerca del dictamen judicial del caso “colusión del papel tissue”, donde altos ejecutivos de CMPC y SCA fijaron precios monopólicos de común acuerdo para estos productos, y que la magistrada Carla Troncoso despenalizó, pero distinta es la acción civil por demanda colectiva que la organización ciudadana solicitó a tribunales, “nosotros lo que hacemos son acciones civiles, que buscan las compensaciones, demostrar que hubo un daño directo a los consumidores y ese daño debe ser compensado”, dijo el máximo dirigente de la organización.

“Esa demanda colectiva la presentó Conadecus a los 15 días que se conoció el hecho de colusión, inmediatamente presentamos, he hicimos inmediatamente que nuestros especialistas, nuestros técnicos, economistas, hicieron inmediatamente una evaluación del daño causado con la información pública conocida de las empresas, los resultados económicos, los balances, todo, ellos evaluaron el daño y dijeron claramente dos informes económicos que se entregaron (…) uno llegó a la cifra que el daño global de las dos empresas era de 510 millones de dólares en la década de colusión, de los cuales 445 corresponden a CMPC y 65 (millones de dólares) a SCA”, recalcó Calderón.

Los pasos a seguir – señala nuestro invitado – en el proceso judicial de indemnización a los consumidores tiene tiempos muy relativos, sin embargo, hay que esperar que no haya más procesos dilatorios y eso podría demorar una semana o un mes, en esa etapa los tribunales podrían llamar a las partes a una audiencia de conciliación para cerrar el caso, siempre y cuando haya consenso en las cifras a compensar, aclaró Hernán Calderón.

Más adelante agregó que, hasta el año 2003 los delitos de libre competencia eran penalizados con cárcel, porque estaban considerados en la legislación. A partir de ese año se creó un “Tribunal de Libre Competencia” y se fortaleció la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que erradicó a la ex “Comisión Resolutiva Antimonopolio”. Estos cambios legislativos fueron negociados en el parlamento para poder obtener los votos, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, con aumento significativo de multas a cambio de despenalizar dichos delitos con prisión, “creo que nunca debió eliminarse la acción penal, pero se transó con la oposición de ese tiempo y el Gobierno de Lagos, que no tenía una mayoría significativa en parlamento como para aprobarla”, expuso Hernán Calderón.

En el contexto histórico, existe en el Código Penal desde 1875, el artículo 285 que señala que se debe sancionar penalmente la acción del aumento fraudulento del precio natural de las mercaderías (géneros en esa época), lo que hace que hoy el Ministerio Público pueda perseguir con cárcel a quienes cometan tales delitos, como la actual colusión, manifiesta la organización civil.

“Si no hay sanciones penales, esto es la impunidad del delito de cuello y corbata, porque claramente aquí sancionamos, pero fuertemente, al que se robó la gallina, pero el que me metió la mano al bolsillo a través de medios fraudulentos no (…) como subir el precio artificialmente poniéndose de acuerdo con el competidor, repartiéndose el mercado y asignándose cuotas de mercado (…) porque éste es un delincuente más peligroso que el que se robó la gallina”, aseveró el directivo de Conadecus.

A partir del año 2011 se le dieron más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, luego del “caso farmacias”, en lo que se denomina “delación compensada”, que consiste en que dichas empresas coludidas puedan acogerse a este beneficio a través de anulación de multas – y si hubiera acción penal – también los podría eximir de tal proceso, señaló Hernán Calderón, quien confesó finalmente que está optimista del proceso civil que lleva Conadecus adelante en tribunales.

Vuelve a escuchar la entrevista: viernes 17 de junio.