El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, propuso al concejo municipal el ingreso de 10 mil millones de pesos para costear la deuda actual en materia de cotizaciones y sueldos del profesorado comunal, a través recompra de un inmueble ubicado en Amunategui 980. Eso motivó a Citoyens 102.5 FM a conversar con la concejala, Rosario Carvajal y la Vicepresidenta del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil-COSOC, Wilma Varela.

Este modelo de negocios denominado leaseback, consiste en que el propietario de un inmueble se lo vende a una entidad financiera para posteriormente suscribir un contrato de arrendamiento con dicho financista y, al cabo de un tiempo acordado, luego del respectivo pago, el edificio que alberga actualmente a los Juzgados de Policía Local retorna al dueño original.

El edil Alessandri, a pesar de haberse opuesto a una fórmula similar propuesta hace años atrás, hoy propone cancelar la deuda de 20 mil millones de pesos que tiene el municipio con sus docentes, sin embargo, la venta del inmueble abonaría sólo la mitad del compromiso económico. Respecto a ello, Wilma Varela señaló que tampoco al COSOC le cuadran las cifras de esta retrocompra.

Rosario Carvajal dijo que dicha operación financiera posee varias incógnitas, que no han sido explicadas con claridad por parte del alcalde Alessandri, para abordar esta deuda, donde además de pagar las cuotas al banco, se deberán cancelar las contribuciones del inmueble.

Según la concejala, la auditoría efectuada entre los años 2015 y 2016 no coincide en las cifras finales, 21 mil millones declara el estudio externo y 12 mil millones los funcionarios municipales. “Cómo hacemos una operación financiera de estos alcances, que compromete patrimonio comunal a 10 años, además, si no tenemos el monto preciso de la cuál es la deuda”, dijo Carvajal.

“Por qué era una mala operación financiera en época de (Carolina) Tohá y ahora es una buena operación financiera, creemos que no es coherente”, dijo la concejala por Santiago. En este sentido, el gobierno central tiene la palabra, a través del Ministerio de Hacienda, quien debe aprobar este tipo de situación financiera cuando los municipios tienen estos déficits operacionales y deudas previsionales.

A lo anterior, la vicepresidenta del COSOC, agregó que la fiscalización realizada por el Departamento de Control y Finanzas y la Dirección de Educación Municipal ha detectado que existen deudas de arrastre por cobrar y que no se han concretado hacia terceros por parte de estas direcciones municipales.

El rol fiscalizador del Concejo Municipal y del COSOC es clave en materia de transparencia en la administración de los patrimonios públicos. Frente a la declaración de “bancarrota” en que está el principal municipio del país, según el alcalde Alessandri, plantea un desafío futuro para los concejales y otras organizaciones sociales, y es el de pesquisar a los ediles antes de que terminen sus periodos de gobierno comunal, dijo la concejala Carvajal.

Lo peor, según las representantes ciudadanas, es que el apetito comercial del municipio por este tipo de operaciones, a través de la venta de los denominados ‘inmuebles menores’, y dado el alto valor del suelo en la ciudad capital, pueda convertirse en una modalidad cotidiana para resolver deudas que contraen los administradores municipales. “Ese es nuestro temor, que se instalen aquí mecanismos – en definitiva – neoliberales que va desarmando la gestión municipal”, concluyó Rosario Carvajal.

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