Abogada María Rivera: llamo y convoco a que se organicen y se movilicen para defender sus derechos


El sueño de la casa propia parece cada vez más complejo, sólo un 32% de los chilenos son propietarios, según el estudio publicado por el Banco Central: “Distribución de Riqueza no Previsional de los Hogares Chilenos”. Unos de cada tres ciudadanos no tienen vivienda y los menores recursos se agrupan en comités para lograr su objetivo, pero algunos llegan a situaciones extremas, como las ‘tomas de terreno’.

Este no es tema muy difundido en los medios de comunicación, por ello, Citoyens 102.5 FM, de Radio U. de Chile, conversó con María Rivera, abogada de Defensoría Popular, quien nos habló de la función social que cumple esta organización no gubernamental, de las luchas sociales de sus defendidos y de las tomas de pobladores.

El propósito de Defensoría Popular nace a partir de una necesidad social basada en la construcción de un espacio de protección penal a la libertad y dignidad humana, tras 17 años de dictadura militar en Chile. Posteriormente, en democracia, quedó un vacío en ciertos derechos humanos, ya que la represión continuó y la vulneración de otros derechos quedaron sin defensorías, hacia las protestas estudiantiles y ciudadanas en regiones. “Las fuerzas represivas no se habían depurado desde la época de la Dictadura”, señaló Rivera.

“La Defensoría Popular no es un partido político, no es dirección política de nadie”, dijo Rivera. Otro aspecto de las defensorías populares se relaciona con personas ‘encapuchadas’, deudores habitacionales, trabajadores en huelga y estudiantes. Cubrirse la cara no es un delito al igual que guardar silencio, lo que no está penalizado en ningún artículo de la Constitución Política, argumentó Rivera.

Una imagen latente por años, es la de ciudadanos y ciudadanas organizados en Comités de Vivienda saliendo a las calles a exigir este derecho humano. Una de esas acciones de lucha social son las ‘toma de terrenos’, una manera legítima de manifestarse para quienes no tienen casa, y una forma de presión para que el Estado cumpla la función de orientar y facilitar las oportunidades para la obtención de un hogar propio y digno.

Al respecto, la abogada considera que las tomas serían una manifestación social legítima. “La Constitución dice que hay derecho a manifestarse. No hay ningún reglamento que diga la cuál es la forma o el método que yo tengo para manifestarme”, aseguró Rivera.

Para esta defensora popular, el problema contemporáneo de la ‘propiedad privada’ es que éste tiene un valor mayor que la vida misma y la propia libertad. En la actualidad, adquirir una vivienda se ha hecho cada vez más complejo, principalmente por el aumento de los requisitos bancarios y la directa relación de costos asociados con bajos salarios y la alta movilidad laboral.

En este sentido, Rivera opina que “la gente ha buscado soluciones históricamente y se dan en dos procesos, uno (de estos) son las ‘casas okupas’, y el otro son los campamentos que se instalan en las tomas de terrenos, en muchos casos con familias completas, madre, padre, hijo”, señaló.

La abogada de Defensoría Popular comentó el caso de la toma de terrenos en Loncura, ubicado en la comuna de Quinteros, de un terreno baldío que fue paulatinamente convertido en basural, y que los pobladores lo limpiaron y dividieron para instalarse con sus carpas y casas prefabricadas, “lo que raya en lo inhumano”, acotó Rivera.

Posteriormente, al tiempo de estar instalados en el terreno, apareció un representante del dueño del predio (COPEC – Luksic) e instaló un cartel de propiedad privada, junto con hacerles llegar una querella por usurpación violenta, la que después corrigió por “sin violencia”, según lo indicado por la abogada Rivera.

La toma alberga a 54 familias, muchas de ellas jefas de hogar e inmigrantes documentados. “Tengo mis dudas que se quiera resolver el tema de la vivienda de estas personas. Llegamos a la conclusión de que el sistema (social) no funciona, sueldos bajos, precariedad absoluta, personas que están a punta de caerse porque no tienen acceso a nada. Hasta las Naciones Unidas plantea que la vivienda es un derecho”, argumentó.

Desde esta perspectiva, ciudadanos y ciudadanas que están bajo estas condiciones se organizan en movimientos sociales para visibilizar esta problemática a la sociedad civil, y para que el Estado chileno cumpla con este derecho humano establecido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el artículo 20 de la Constitución Política de nuestro país.

Volver a escuchar la entrevista: viernes 3 de mayo.

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