Invasión inmobiliaria de San Miguel se debate entre edificios de gran altura y patrimonio de barrios

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Hace más de doce años que los vecinos de la comuna de San Miguel reclaman por la explosión inmobiliaria (117 proyectos aprobados), y la pérdida del patrimonio barrial, su calidad de vida y por último su vista y luz solar. La autoridad local realizó modificaciones al plano regulador para controlar ésta situación. Para saber más de esta crisis urbana, Citoyens 102.5 FM, conversó con los Concejales de la comuna Rodrigo Iturra, Matías Freire y el abogado especializado en Urbanismo, Nolberto Salinas.

Tras las polémicas surgidas entre vecinos y el alcalde Luis Sanhueza, sobre la instalación de enormes edificios en sus barrios, el municipio realizó ciertas modificaciones a su ‘Plan Regulador’ respecto de la altura de estas construcciones en zonas predeterminados, con formatos que van entre 5 y 10 pisos como cota máxima. Ambos concejales dejan en claro que esto afecta a los nuevos proyectos, pero aquellas constructoras que ya tenían autorización previa terminarán sus obras como estaban estipuladas.

Los tres invitados concuerdan que esta explosión inmobiliaria se debió al plano regulador que data del año 2007, el que permitía que las empresas construyeran sobre los 20 pisos. El concejal Iturra dijo sobre su participación en el diseño urbano: “yo conozco la comuna y fui participante de la modificación del 2007, pero también hice saber esta situación, aunque hay que decir que desde ese entonces el plano ha sufrido varias modificaciones solicitas por el Concejo”.

En tanto, el Concejal Freire mencionó que: “las inmobiliarias presionan para vender, aumentó la cantidad de vehículos, problemas en el alcantarillado, presión de agua, colapso de servicio básicos y problemas de tránsito con calles saturadas. Además, las demoliciones de hermosas casas, (donde) aparecen ratones y problemas de salud mental, el estrés a la señora histórica por la pérdida del barrio y  depresión”.

Desde el año 2012 existe un ‘Plan Comunal’, basado en un estudio realizado por la Universidad Católica, a través de un diagnóstico urbano y arquitectónico de la comuna que detallaba el problema que se generaría por la llegada masiva de empresas constructoras. El Concejal Iturra señala haber solicitado modificar la antigua normativa en varias sesiones, pero que la administración anterior fue irresponsable, “solicité en varias ocasiones el congelamiento de los proyectos pero no fui escuchado”, agregó.

En tanto el abogado Salinas, experto en urbanismo, indicó que los vecinos deben ser más participativos en el diseño del ‘Plan Regulador’ de su comuna. Su conocimiento sobre estos temas inmobiliarios le permite aconsejar sobre normativas que suelen aparecer como desconocidas para la población local, por ejemplo, que muchos de los permisos de construcción entregados duran solo cuatro años y que las empresas para extender el periodo pintan las murallas, sacan malezas, pero aquello está lejos de una acción constructiva, por lo que se puede solicitar y exigir una fiscalización municipal donde la autoridad encargada de supervisar haga cumplir dicha norma reguladora. El concejal Freire, en este aspecto es enfático en señalar que las regulaciones urbanas no protegen a los ciudadanos, por el contrario, ”la norma está hecha para las empresas inmobiliarias y no para el vecino”.

Los residentes que se sientan afectados por estos atropellos a la normativa pueden tomar acciones legales, en este sentido el abogado Nolberto Salinas comentó que se puede recurrir a los tribunales, pero en aquellas construcciones ya autorizadas es imposible demoler la obra: “Hasta la fecha no ha habido ningún caso que ordene esto. Pero hay una circular que tiene el Ministerio de la Vivienda, número 350, que entre otras cosas contempla la invalidación de los permisos de edificación y que puede ser solicitada por cualquier persona”.

Según los concejales invitados y el abogado Salinas, el mapa inmobiliario ya construido en San Miguel no se puede cambiar, pero las actuales modificaciones al ‘Plano Regulador’ permiten limitar la elevación de las obras junto con una fiscalización más exhaustiva de la autoridad municipal. Sin todo funciona bien en el futuro de San Miguel, el problema urbano lo tendrán aquellas comunas vecinas que no cuenten con un plano regulador más restrictivo y donde las diferencias visuales entre estos territorios serán evidentes.

Vuelve a escuchar la entrevista: Viernes 11 de agosto.

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